La gestión de intereses es una función central de la profesión y una herramienta democrática que permite a los actores sociales interceder ante las autoridades y así poder expresar sus puntos de vista para enriquecer las discusiones para el desarrollo de políticas públicas y normativas eficientes. Además, brinda la posibilidad a las autoridades gubernamentales de disponer de conocimiento experto y especializado de quienes se desenvuelven en una determinada área de actividad y mejorar así el acceso a información para la toma de decisiones.
Decálogo de Buenas Prácticas para la Gestión de Intereses
“Este decálogo es el fruto del análisis de diferentes materiales y proyectos regulatorios que fue liderado por un grupo de profesionales para contar con un documento de base que permita dar marco a la discusión sobre la temática en la Argentina. Es un punto de partida y también una invitación a las diferentes instituciones del sector a sumarse al debate sobre la temática con el fin de continuar elevando los estándares éticos y técnicos de la profesión en nuestro país”, expresó Pablo Cattoni, Presidente del Consejo, en la presentación del documento.
Entre otras cuestiones, la guía marca que los profesionales, más allá de los intereses propios de la entidad que representan, deben velar por el bien común y proponer soluciones de política pública que respondan al problema en cuestión sin alterar normas de forma tal que violen principios de libre competencia, el derecho a un ambiente sano u otras acciones que afecten el normal desarrollo de la sociedad.
Además, insta a que se promueva la instrumentación de canales que habiliten el acceso a la información, la presentación de información de relevancia que permita influir en la toma de decisiones y a la participación en la discusión sobre los intereses en discusión. En ese sentido, establece que la información que se provea a las autoridades sea “completa, verídica, y de fuente confiable y contrastable” y que siempre se garantice la transparencia y la identificación de los intereses que se representan y los objetivos en la participación en el proceso de toma de decisiones.
Finalmente, presenta una lista de conductas que en ninguna circunstancia serán admisibles para los profesionales del sector, a quienes insta a hacer cumplir las buenas prácticas y promover los principios de integridad, ética y cumplimiento.
